Desde la inundación del norte salteño del año 2006, varias ONGs venimos denunciando que la misma es producto de los desmontes que se vienen perpetrando sobre los bosques nativos. En efecto, las empresas madereras abren caminos de más de cinco metros para llegar hasta los árboles más valiosas (cedro, roble, lapacho, cebil y quina), instalar sus campamentos y aserraderos y bajar los rollizos. La ampliación de la frontera agrícola también va comiéndose el monte y las petroleras multinacionales que trabajan en la zona no dudan en aportar su granito de arena, ya que abren muchos caminos, dejando troncos desparramados por el cerro, además de usar una “prospección sísmica” mediante explosiones a diez metros de profundidad. Todo ello, va sumándole fragilidad al cerro.

Al perder la vegetación típica del lugar, la estructura de las laderas se vuelve cada vez más inestable. En efecto, sin retención suficiente, se acelera el escurrimiento superficial: con poca retención y excesivo escurrimiento, las crecidas no se regulan. Se ha dicho que el ecosistema es dinámico y puede reponerse, pero ante la explotación indiscriminada no tiene capacidad de cicatrización suficiente para reducir el impacto de abundantes lluvias en tan poco tiempo. En estas condiciones, con grandes crecidas, el resultado es el desastre que estamos sufriendo en Tartagal…

Sabemos, según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia de Salta fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas. Esto la convierte en una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país.

Pese a ello, los desmontes en la provincia aumentaron notablemente: durante 2007, en plena discusión parlamentaria de la Ley de Bosques, la provincia de Salta autorizó el desmonte de más de cuatrocientas mil hectáreas. La situación salteña es de tal magnitud que varios de estos desmontes fueron suspendidos, en diciembre pasado, por la Corte Suprema de Justicia en de la Nación, tras un amparo de comunidades indígenas.

Con el cambio de gobierno del año 2006 parecieron llegar vientos nuevos en el área ambiental de la provincia, peor la por entonces Secretaria de Política Ambiental, Catalina Buliubasich, duró en su cargo apenas unos meses, al enfrentarse a poderosos intereses –especialmente sojeros- parando desmontes en enormes propiedades: tuvo que renunciar.

El 13 del corriente la Sra. Presidente, Cristina Fernández, firmó el decreto que reglamente la Ley de Bosques, más de 14 meses después de la sanción de la ley, cuatro días después del aluvión que destruyó cientos de hogares en Tartagal y en vistas a que el próximo 18 de febrero se realizará la audiencia pautada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que accedió al pedido de comunidades indígenas y campesinas del norte de Salta y ordenó frenar los desmontes autorizados a fines de 2007.

Esta reglamentación fue definida sin la participación de las ONGs que sí habían sido actores fundamentales en el diseño de la Ley. Asimismo, el ordenamiento territorial propuesto para esa zona de la provincia, apenas si establece la intangibilidad de las reservas ya existentes (Acambuco y Piarforn, altamente perturbadas por la actividad humana) y una pequeña margen de los ríos, algo absolutamente insuficiente para una zona de montañas con una alta estacionalidad.

Desde la Red Yaguareté celebramos la reglamentación de la ley, un logro enorme en materia de conservación de nuestros bosques nativos, y tenemos en claro que ahora llega la parte más importante: la correcta implementación en el terreno, ahí donde habitualmente fallamos en la Argentina. Esta es una oportunidad enorme, donde incluso hay muchas vidas humanas en juego, la catástrofe de Tartagal es la prueba de ello.